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No. 56 Educación e inclusión



Uno de los temas centrales de las discusiones realizadas en los últimos años sobre las políticas públicas, especialmente las políticas sociales, ha sido el de la inclusión. Con este concepto se ha querido hacer énfasis en la necesidad de reflexionar sobre el sentido de las políticas y de generar programas y acciones orientadas a remediar el incremento de las desigualdades, expresado en la concentración de la riqueza en una fracción, cada vez más pequeña, del total de la población, en la ampliación del número de pobres y en su segmentación y diversificación en categorías referidas al creciente deterioro de sus condiciones de vida y a la imposibilidad de acceder a los medios para contrarrestarlo. La inclusión surgió como concepto para agrupar los esfuerzos orientados a corregir la exclusión de amplias capas de la sociedad de los llamados “beneficios del desarrollo”, a pesar del incremento en los indicadores utilizados para medir el crecimiento económico de los países. La inclusión puede ser considerada como la estrategia central de los enfoques de equidad con los cuales las políticas públicas sustituyeron las metas para alcanzar la igualdad en materia de garantía y disfrute de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El argumento más utilizado para sustentar esta concepción fue el de la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de todos los pobres, razón por la cual se debían implementar políticas equitativas; es decir, políticas moderadas, orientadas a dar soluciones parciales a los sectores pretendidamente más golpeados por la pobreza, a los más excluidos, y no a todos los que las necesitaban ni en todos los ámbitos de sus necesidades. La priorización y la focalización sirvieron como recursos técnicos y políticos para su implementación. Buena parte de las propuestas de reforma educativa que se han aplicado en el mundo y, específicamente, en América Latina y el Caribe, han tenido como uno de sus ejes y objetivos, implantar la inclusión como concepto central y avanzar en su concreción en términos de resultados medibles y verificables. Esta intención también ha sido objeto de grandes discusiones. En términos generales, el enfoque inclusivo en materia de educación ha servido para avanzar en reivindicaciones de sectores tradicionalmente excluidos del disfrute del derecho a la educación. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las personas con discapacidades, con las llamadas necesidades educativas especiales, poblaciones indígenas y afro descendientes, personas con diversas opciones sexuales y de género; niños y jóvenes en situación de desplazamiento; población rural, para citar algunos casos. El tema de la inclusión ha sido complejizado mediante la introducción de problemáticas afines como la interculturalidad y el multiculturalismo, la descolonización y la diversidad, entre otros. Lo importante de estos debates consiste en que el concepto ha servido para poner sobre la mesa el tema de la Educación Para Todos (EPT), colocado como horizonte de las acciones educativas desde la “Declaración mundial sobre Educación Para Todos, Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” emitida en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990 y ratificada y desarrollada en el Foro Mundial de Dakar del año 2000 y las Metas 2021 de la OEI. Desde el punto de vista político, el valor de la EPT consiste en que ha permitido introducir la concepción de la educación como derecho humano fundamental en los debates educativos, aunque también ha posibilitado su “secuestro”, mediante los intentos de apropiación del discurso de derechos por parte de las concepciones que en la práctica atentan contra él. Para los sectores que en la región buscan modelos educativos alternativos, el tema de la inclusión ha servido para avanzar en el posicionamiento del enfoque de derechos como sustento de las políticas educativas orientadas a contrarrestar los efectos nocivos producidos por las políticas de corte mercantil y administrativo centradas en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia en términos de relación costo/beneficio. La Revista Internacional Magisterio, consciente de la importancia de este tema, ha solicitado contribuciones a destacados autores de Colombia y de otros países de América Latina, que permitan tener una visión global del estado de la discusión en la región, de sus énfasis y desarrollos, de los logros alcanzados en la implementación de programas específicos en las instituciones educativas y en las instituciones formadoras de maestros, y de los avances en relación con su incorporación a las políticas educativas. Los artículos recogidos en este número abordan desde las discusiones conceptuales sobre el sentido y los alcances del concepto hasta las enseñanzas dejadas por procesos de intervención específicos en distintos contextos y países, pasando por el examen de las particularidades de las coyunturas nacionales y regionales en relación con las continuidades y rupturas presentes en las políticas educativas. De esta manera, se recogen aportes de investigadores y de personas vinculadas a organizaciones e instituciones como la UNESCO, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –CTERA–, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil –CNTE–, la Asociación Nacional de Posgrados e Investigación en Educación de Brasil –ANPEd–, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red ESTRADO), el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas –FLAPE–, y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de Buenos Aires, Argentina, entre otros. Es claro que las opiniones expresadas por los autores comprometen solo a las personas y no a las instituciones de las cuales forman parte. Orlando Pulido Chaves