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Desde 1949, la Unesco ha organizado seis Conferencias Internacionales sobre Aprendizaje y Educación de Adultos (Confintea), las cuales se han convertido en espacios de reconocida importancia para la discusión sobre las políticas globales y los avances de las agendas educativas acerca de educación dirigida a adultos. Este año, en octubre, en la Ciudad de Suwon (República de Corea), se realizará la revisión a medio término de la VI Confintea, El poder del aprendizaje de adultos: Visión 2030, en la cual se examinarán los logros de los países y el cumplimiento de los compromisos asumidos en 2009, desde los ejes de política, gobernanza, financiación, participación y calidad. La preparación del informe de Colombia para este encuentro ha permitido que diversas entidades y organizaciones sociales, como las que hacen parte de la Red de educación de adultos, liderada por la Universidad Pedagógica Nacional, tengan una aproximación al estado de la cuestión, que se caracteriza por una preocupante debilidad institucional y la ausencia de política pública en torno a tal educación. Una problemática colateral para el aprendizaje está asociada con la precaria formación de quienes ejercen la función docente en este contexto, la inestabilidad laboral y las bajas remuneraciones que reciben. Es lamentable además, que la mayor parte de las licenciaturas en el país no contemplen la educación de personas adultas en sus currículos. El análisis desde las políticas de cobertura tampoco ofrece un mejor panorama: escasa oferta educativa en zonas rurales dispersas; precariedad en infraestructura educativa; inexistencia de estrategias de permanencia (alimentación, transporte); baja continuidad entre los ciclos del 1 al 6 (Educación Básica y Media) y baja articulación entre ciclos de Educación Básica y Media y Educación Terciaria. Es objeto de preocupación adicional el escaso interés del sector educativo por brindar oportunidades de aprendizaje para diversos grupos poblacionales que no han accedido al sistema educativo, han desertado del mismo o no han encontrado opciones educativas pertinentes y contextualizadas: pueblos indígenas, comunidades negras, desplazados, personas con necesidades especiales, personas recluidas en centros penitenciarios y habitantes de las zonas rurales, entre otros. Desde la perspectiva del derecho a la educación, es importante mencionar el valor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular de la Sentencia T-428 de 2012, en la cual se exhorta a las entidades territoriales y al Ministerio de Educación Nacional a garantizar la continuidad y la prestación del servicio educativo a la población joven y adulta, así como a garantizar las condiciones para el acceso y la calidad de los aprendizajes. Frente a este panorama, y reconociendo el rezago del país en torno a los ejes y compromisos del Marco de Acción de Belém, la presente edición de la Revista Magisterio ofrece aportes que enriquecen la mirada sobre el sistema educativo, la formación de docentes, la evaluación y la investigación, eso sí sin olvidar la complejidad de la educación para jóvenes y adultos. En el mismo sentido, también se reconocen los esfuerzos que comunidades, entidades privadas y organismos de cooperación internacional hacen para mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la educación de miles de personas jóvenes y adultas en el país.